Ministerio de Ambiente habla de multa por el derrame de crudo en la Amazonía

El Ministerio del Ambiente encontró evidencias de una “potencial afectación a la provisión de servicios ambientales y riesgos para la salud humana” en la zona de Piedra Fina, donde el viernes se produjo un derrame de crudo por la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), luego de que una enorme piedra cayó sobre la estructura causando el derrame.

Esto podría acarrearle a la empresa petrolera sanciones y multas. “Al momento se han iniciado las acciones legales y administrativas correspondientes en función de las evidencias de afectación, ambiental y social, así como el indicio de daño ambiental, que derivan en las multas y sanciones correspondientes”, dijo el Ministerio hace pocos minutos en un comunicado de prensa.

Sin embargo, aún se debe realizar una investigación más detallada que deberá estar, según la normativa, a cargo de la propia empresa petrolera.

De acuerdo a la cartera de Estado, se "procederá en estricto apego" a lo establecido en el Código Orgánico Ambiental (COA) en los artículos 326 y 327, según corresponda.

En aquellos numerales se establece que la multa económica puede ir desde 10 salarios básicos, es decir, $4250 hasta $85.000. Sin embargo, en caso de darse agravante, se incrementará un 50% adicional según lo que se encuentre en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el Reglamento del Código Orgánico Ambiental, en caso de que se encuentran indicios de daño ambiental, como lo ocurrido ahora, la autoridad ambiental competente “ordenará al operador la elaboración de una investigación detallada con la finalidad de complementar las evidencias para la determinación de daño ambiental”.

La investigación detallada contempla estudios, investigaciones y levantamiento de información primaria de mayor profundidad que permitan dimensionar la magnitud, extensión, reversibilidad de los impactos ambientales negativos y determinación de la existencia de daño ambiental, considerando los lineamientos de la norma técnica expedida para el efecto, dice el Reglamento.

Mientras, el Ministerio indicó que con el fin de garantizar agua segura para el consumo de la población de Napo y Orellana se ha activado la mesa 1 del COE de dichas provincias y se ha notificado a los GAD involucrados para que emprendan las acciones necesarias. Nuestro personal monitorea 210 km del río Coca y sus afluentes y coordina que se desarrolle la contención y remediación donde se identifican trazas de hidrocarburo.